¿Cuándo la ruptura de una pareja puede afectar la situación legal en España?
Cuando una pareja se une por un vínculo matrimonial o por la constitución de una pareja de hecho, siendo uno de los miembros un ciudadano de la Unión Europea y el otro un ciudadano extracomunitario, es posible que el nacional del país fuera de la Unión Europea solicite una autorización de residencia y trabajo basada en el vínculo familiar que posee con el ciudadano comunitario. Dicha autorización es concedida por medio de la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión.
Este permiso de residencia se basa en el vínculo existente con el ciudadano comunitario y por supuesto con el fin del matrimonio o con la cancelación de la inscripción de la pareja de hecho se llega el fin de la condición de familiar, lo que puede afectar directamente en el permiso de residencia que hubiese sido adquirido anteriormente.
En dichos casos (de divorcio o cancelación de la inscripción de la pareja de hecho) la condición de residente legal solo podrá mantenerse en algunos supuestos:
- Si el matrimonio o la pareja registrada haya durado al menos por 3 años, hasta el inicio del procedimiento de divorcio o la cancelación de la inscripción como pareja de hecho, y durante estos años la pareja haya convivido en España por al menos 1 año.
- Si al ciudadano extracomunitario le fuera otorgada la custodia de los hijos en común de la pareja o se le hayan concedido regularmente el derecho de visitas, siendo su presencia física en España imprescindible.
- Si hubo malos tratos para ciudadano extracomunitario durante la convivencia.
En el caso de que no se dé ninguna de esas circunstancias será necesario que la ex pareja comunique la circunstancia modificativa a las autoridades y que tramite la modificación de su autorización de residencia en España.
Dicha exigencia viene establecida en el Real Decreto 240/2007, artículo 9, apartado 4ª:
“En el caso de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o cancelación de la inscripción como pareja registrada, de un nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, con un nacional de un Estado que no lo sea, éste tendrá obligación de comunicar dicha circunstancia a las autoridades competentes.”
Para conservar el derecho de residencia legal, por lo tanto, la parte interesada tendría que solicitar la modificación de su permiso de residencia por algún otro que no tenga vinculación con el ser familiar de un Ciudadano de la Unión Europea.